Errores policiales y un juicio sin certezas: Josele Altamirano logró su inocencia en Corrientes tras ocho años en prisión

Maximiliano Aquino (21) fue asesinado de al menos cuatro puñaladas al forcejear con un delincuente que pretendió robarle el celular a él y a una amiga . El sangriento episodio se produjo el sábado 1 de agosto del 2015, alrededor de las 6, por calle Uruguay 393, a una cuadra y media de la avenida Poncho Verde. El joven, que había salido de una peña bailable del Regatas y acompañaba a la chica a su casa, fue interceptado por dos motochorros. Uno de los asaltantes lo apuñaló con alevosía cuando el joven estudiante se resistió.

Me­lis­a pi­dió ayu­da a gri­tos y al­gu­nos es­tu­dian­tes de la zo­na, que tam­bién ha­bí­an con­cu­rri­do a la pe­ña, fue­ron a su ayu­da. El cuer­po de Aquino pre­sen­tó cin­co pun­ta­zos le­ta­les, las he­ri­das lle­ga­ron al co­ra­zón, el pul­món, el ba­zo y el pu­bis; y un to­tal de 14 pu­ña­la­das más en dis­tin­tas par­tes del cuer­po.

El 4 de octubre de 2016 el Tribunal Oral Penal N° 2 (TOP 2) de Corrientes  condenó a Juan José Andrés Altamirano a la pena de 22 años de prisión por el delito de homicidio simple (art. 79; 40 y 41 del C.P). En calidad de coautor material, por el asesinato ocurrido en agosto del 2015, en el barrio Aldana de la capital correntina.

Cabe destacar que en 2017 el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes dictó la sentencia Nº 191/17 por la cual rechazó los recursos de casación interpuestos por la querella de la familia de Maxi Aquino y la defensa particular del imputado. De esta manera confirmó la condena impuesta a Juan José Andrés Altamirano de 22 años de prisión, en calidad de coautor material, por el delito de "homicidio simple" (art. 79, 40, 41 y 45 C.P.) en la sentencia N° 141 dictada por el T.O.P. N° 2 de Corrientes.

El Ministro doctor Alejandro Alberto Chain del STJ (en estapa Casación) validó las actuaciones policiales, dado que la investigación se encontraba bajo el contralor del Juzgado Instructor de la causa y por ende también lo era la motivación del accionar policial. Afirmó que los actos producidos durante la etapa de investigación preliminar –en el entendimiento de que el proceso penal era la conformación cronológica de actos procesales- no habilitaban –salvo en escasísimas oportunidades- el regreso a las etapas procesales precluidas. Y en esta causa, ello no se verificaba.  

El Ministro sostuvo que se observaba que el Tribunal había seleccionado y valorado minuciosamente todas las probanzas reunidas en el proceso, basando su razonamiento con pruebas que –concatenadas- dieron por resultado la descripción de los hechos y acciones con suficiente logicidad como para legitimar el fallo recurrido. Y finalizó al resaltar que "la sentencia se bastaba a sí misma, explicaba razonadamente en el caso concreto que el hecho se encontraba probada la autoría del co-imputado, relacionaba razonadamente las probanzas en la responsabilidad del autor, su calificación legal y por último su correspondiente pena".

El fallo, firmado el 5 de octubre de 2017, lleva además las firmas de los ministros Eduardo Panseri, Guillermo Horacio Semhan y Luis Eduardo Rey Vazquez.

A partir de allí, el abogado defensor, Hermindo Gonzalez,  utilizó un recurso extraordinario federal para que lleven el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). 

El condenado insistió todo el tiempo en su inocencia. Pese a que su recurso de apelación fue rechazado por el Superior Tribunal de Justicia en dos oportunidades, primero en relación a la condena y después negándole el pase a la CSJN. La defensa de Altamirano utilizó como último recurso, recurrió nuevamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esta vez con un recurso de Queja. 

El abogado de Josele, Hermindo González, quien ha manifestado siempre su plena confianza en la inocencia de su defendido nunca se amedrentó. Generalmente, el Máximo Tribunal de la Nación (CSJN) no suele aceptar este tipo de recursos en queja, por un caso penal en el que existe una condena.

Sin embargo, este caso constituye una excepción. Tras leer el fallo y algunas pruebas, desde la Corte Suprema solicitaron se envíe la totalidad del expediente y de la documentación producidas durante el caso. Por este motivo, González dijo a radiodos.com.ar que "es un fallo histórico para la provincia".  

Finalmente, CSJN dejó sin efecto el 12 de septiembre de 2023  la condena a Josele.  Para el máximo tribunal de Argentina, en la condena efectuada por el Tribunal Oral de Corrientes  se aplican  los estándares de dos fallos.  "Resulta aplicable, en lo pertinente, lo resuelto por el Tribunal en los precedentes "Casal" (Fallos: 328:3399) y "González, Jorge Enrique" (Fallos: 343:1181, considerandos 15 y 16) , a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitirse en razón de brevedad".

Así, la CSJN resolvió el caso invocando su propia doctrina en materia de causas armadas a inocentes, donde deja sentado que la revisión de las irregularidades policiales denunciadas debía ser efectuada de manera amplia por el Tribunal de origen. 

El fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes fue dado a conocer este viernes a casi 9 años del asesinato a puñaladas en el barrio Aldana de la capital provincial.  Según la sentencia se admitió "el recurso de casación interpuesto por la defensa de Juan José Andrés "Josele" Altamirano, y en consecuencia, dejar sin efecto la sentencia N° 141/2016 del 03 de octubre de 2016 emanada del Tribunal Oral Penal N° 2 de esta ciudad".

Y agrega: "Absolver de culpa y cargo a Juan José Andrés "Josele" Altamirano del hecho por el que fue llevado a juicio, conforme lo autorizan las previsiones del art. 4 del CPP y ordenar la libertad, si es que el mismo se encuentra cumpliendo alguna medida de coerción y/o prisión preventiva". Los que firmaron la absolución fueron los miembros subrogantes, doctores María Eugenia Sierra de Desimoni, como Presidente, y como vocales los doctores Gustavo Sebastian Sánchez Mariño, Maria Herminia Puig, Diego Roberto Núñez Huel y Ana Del Carmen Figueredo.

Un error que costó 8 años de privación de la libertad

El Fiscal Gustavo Robineau, que investigó el asesinato dio por finalizada la pesquisa en marzo de 2016 y solicitó al Juzgado interviniente la elevación a juicio de la causa.  Como único imputado se encuentra Juan José Andrés Altamirano, alias "Josele" (24), acusado de apuñalar al joven oriundo de San Roque en la mañana del 1 de agosto en el barrio Aldana de la capital correntina.

"Josele" permanecía preso en la Unidad Penal Nº 6 a disposición de la Justicia. Semanas después de de haber sido aprehendido, declaró y dijo ser inocente. En cuanto al proceso, Robineau  recordó que "fue una causa relativamente rápida porque se individualiza al primero de los imputados iniciales el mismo día del crimen". 

El 6 de abril de 2016 el Juzgado de Instrucción N° 3 ordenó la elevación a juicio oral de la causa donde se investigaba el asesinato del estudiante universitario. La titular del Juzgado resolvió rechazar el planteo de excepción formulado por la defensora técnica de Josele, único imputado por la muerte del joven oriundo de San Roque. Fue a juicio en carácter de coautor material del delito de "robo con arma en grado de tentativa en concurso real con homicidio criminis causa".

Por su parte consideró que la Prueba Pericial Genética realizada e ingresada en la etapa probatoria, resultó un elemento fundamental en el caso y de convicción bastante para enervar la presunción de inocencia y afianzar la hipótesis acusatoria. 

Considerando así, que la Prueba Pericial Genética realizada e ingresada en estos actuados, resulta un elemento fundamental en este caso, y de convicción bastante para enervar la presunción de inocencia  y afianzar la hipótesis acusatoria, ya que esta probanza sumada al resto del material de prueba incorporado, ha resultado un elemento de cargo primordial, toda vez que el hallazgo de una impronta de sangre humana (como en el caso que nos ocupa, en que el material genético –sangre- de la víctima fue hallado en una de las prendas de vestir perteneciente al imputado), es un indicio de máxfiabilidad  y sirve para inferir la presencia y gestión del sindicado en el escenario criminoso, en tiempo compatible con la data del suceso.cia y gestión del sindicado en el escenario criminoso, en tiempo compatible con la data del suceso.

Según explican fuentes judiciales en la la primera instancia alcanzaba con la probabilidad y la prueba del ADN daba esa probabilidad a la Fiscalia y Juzgado. Pero para una sentencia se necesita certeza y la Corte Suprema entendió que efectivamente no había, cómo lo hizo erróneamente el Tribunal Oral Penal 2. 

El 31 de agosto de 2016 comenzó el juicio contra Josele, que duró casi dos meses. Contó con nueve testigos en la ronda de testimonios, se proyectó un video de la cámara de seguridad donde se observa al estudiante. Y además los jueces del Tribunal Oral y las partes, se trasladaron al lugar donde ocurrió el hecho

En la primera audiencia declaró Me­li­sa Arrú­a, la jo­ven es­tu­dian­te de Agro­no­mí­a, a quien "Ma­xi" Aqui­no pro­te­gió del asal­to y su­frió la agre­sión del ho­mi­ci­da. Cabe recordar que Arrúa compareció ante el Juzgado de Instrucción N° 3 el 2 de septiembre de 2015. Relató que salió de la pe­ña uni­ver­si­ta­ria en el Club de Re­ga­tas has­ta el mo­men­to que los in­ter­cep­ta­ron dos mu­cha­chos a bor­do de una mo­to. La joven sostuvo que no recordaba el rostro del asesino. Luego, al ver un bu­zo con ca­pu­cha co­lor ver­de y una mo­to de 110 ci­lin­dra­das co­lor os­cu­ro di­jo ser "si­mi­la­res" a lo que ella de­nun­ció por pri­me­ra vez.

En el debate, se proyectó un video de la cámara de vigilancia en donde se observa a "Maxi" y Melissa por calle Uruguay a las 6:17 horas de la mañana. Minutos después se produciría el ataque al estudiante.

Her­min­do Gon­zá­lez, abogado de Josele, dijo en el juicio que el ac­cio­nar po­li­cial fue ile­gí­ti­mo por el alla­na­mien­to sin or­den, ocu­rri­do el 1 de agos­to de 2015 a las 11 en ca­sa del im­pu­ta­do en el ba­rrio Se­mi­na­rio. Lue­go se se­cues­tra­ron al­gu­nas pren­das sin de­jar cons­tan­cias en ac­tas de lo ocu­rri­do. Para el Tribunal que condenó a un inocente en 2016 el ac­tuar po­li­cial re­sul­tó vá­li­do. Lo fundamentaron en la sentencia 141 fue emitida el 4 octubre lo fundamen fueron y publicados el 11 de octubre del mismo año. 

Sobre el mal accionar policial el Tri­bu­nal Oral di­jo que se tra­tó de "un plan­teo im­pug­na­ti­vo de la de­fen­sa, el ac­tuar po­li­cial re­sul­ta vá­li­do no só­lo por­que su de­sa­rro­llo se en­mar­ca den­tro de las fa­cul­ta­des po­li­cia­les pre­vis­tas en la le­gis­la­ción vi­gen­te, si­no ade­más por no ad­ver­tir la de­fen­sa afec­ta­ción a de­re­cho al­gu­no del im­pu­ta­do que, con en­ti­dad de agra­vio sus­ten­te su plan­teo en ra­zón de per­jui­cio cier­to que no in­vo­ca ni prue­ba en au­dien­cia".

Por otra par­te, vin­cu­laron al im­pu­ta­do al he­cho que se le atri­bu­ye por las tes­ti­mo­nia­les ver­ti­das a lo lar­go de la ins­truc­ción por Me­li­sa Arrúa (a­mi­ga que es­tu­vo en el mo­men­to del he­cho con la víc­ti­ma) quien es­ta­ble­ce co­mo re­fe­ren­cia que el agre­sor de Ma­xi­mi­lia­no Aqui­no no me­dia ma­yor al­tu­ra que la víc­ti­ma y que su por­te era de si­mi­la­res ca­rac­te­rís­ti­cas (am­bos del­ga­dos)".

"To­dos los tes­ti­mo­nios dan una iden­ti­dad: Jo­se­le Al­ta­mi­ra­no, y una pro­xi­mi­dad: lo co­no­cen del ba­rrio; una con­duc­ta: an­dar en mo­to ha­cién­do­se lle­var por­que no sa­be ma­ne­jar, una ha­bi­tua­li­dad: el con­su­mo de dro­gas y al­co­hol; la per­ma­nen­cia en lu­ga­res pú­bli­cos y no en su do­mi­ci­lio don­de es vis­to acom­pa­ña­do de otros su­je­tos en mo­to en ho­ras de la no­che y pri­me­ras ho­ras de la ma­ña­na que re­fuer­zan la hi­pó­te­sis de la au­to­rí­a", ex­pli­caron en su ex­ten­so fun­da­men­to que fue desacreditado por la Corte Suprema el 12 de septiembre de 2023. 

Por último, sobre el fun­da­men­to de la ab­so­lu­ción por "in­ten­to de ro­bo" y la coautoría del homicidio, sostuvieron "el ac­to de sal­tar de la mo­to­ci­cle­ta y acer­car­se a pie a las víc­ti­mas cons­ti­tu­ya ac­to de eje­cu­ción del ro­bo, sin per­jui­cio que in­di­cia­ria­men­te po­da­mos fun­dar el mó­vil a par­tir de ello. He­cho que se ca­li­fi­ca co­mo Ho­mi­ci­dio Sim­ple y por el cual de­be­rá res­pon­der Juan Jo­sé An­drés Al­ta­mi­ra­no en ca­li­dad de co­au­tor, pues­to que ha per­fec­cio­nan­do la pre­mi­sa que en­cie­rra el ti­po pe­nal: "El que ma­ta­ra a otro" po­nien­do fin a la vi­da de Ma­xi­mi­lia­no Ro­dri­go Aqui­no ten­go por acre­di­ta­da la exis­ten­cia del he­cho co­mo la par­ti­ci­pa­ción cri­mi­nal del im­pu­ta­do a quien de­be­rá atribuírsele el mis­mo en ca­li­dad de co­au­to­rí­a". 

El momento de la condena a Josele Altamirano

El Tribunal Oral Penal 2 integrado por Juan José Cochia, Maria Elisa Morilla y Ariel Azcona re­solvió  con­de­nar a Juan Jo­sé An­drés Al­ta­mi­ra­no a la pe­na de 22 años de pri­sión por el de­li­to de ho­mi­ci­dio sim­ple y absolver del de­li­to de ro­bo ca­li­fi­ca­do por el uso de ar­ma de ro­bo en ten­ta­ti­va. Lo hizo por in­su­fi­cien­cia pro­ba­to­ria en ca­li­dad de co­au­tor ma­te­rial. El vo­to en to­dos los ca­sos fue uná­ni­me del Tri­bu­nal, co­mo tam­bién de los fun­da­men­tos ex­pues­tos.

La sentencia que le costó 8 años a Josele en prisión. 

El mal accionar policial  

Al inicio de la causa tras la muerte de Maxi Aquino, la Policía correntina tiene la facultad de hacer tareas de investigación sin notificar antes a la fiscalía. Eso pasó en el caso de Josele. Fueron al barrio Cichero, cercano al barrio Seminario- donde vive Altamirano- y algunos vecinos – quienes no quisieron dar su identidad- señalaron que Josele podía llegar a estar vinculado.

A partir del dato, los oficiales entraron a la casa de Altamirano con una orden de allanamiento y la revisaron con la excusa de que estaba robando televisores. Sus padres – Analía Altamirano y Alejandrino Sáenz– no entendían el motivo. Lo único que llegaron a escuchar fue que un oficial al salir del cuarto de Josele dijo en voz alta "ya tenemos el paquete".

Una hora más tarde apresaron a Josele a orillas del río Paraná: estaba desenrollando un mallón de pesca junto a tres compañeros de trabajo. A las 18 horas, los oficiales volvieron a la casa, ahora con una orden de allanamiento autorizada por el juez y se llevaron pertenencias y tomaron fotos.

Tres días después de ser detenido, declaró en el juzgado de Instrucción N° 3 de Corrientes, a cargo de la jueza Josefina González Cabañas.El video no fue tenido en cuenta como prueba judicial, pero su testimonio ante la jueza González Cabañas derivó en una denuncia por apremios ilegales en el juzgado N° 4.

En esa semana, se difundió a los medios y por las redes sociales un video casero donde se veía a Josele vestido con una chomba blanca y verde agua, un jean azul gastado, zapatillas grises, un ojo morado y el brazo izquierdo esposado a un silla de madera, interrogado por un efectivo.

-Hoy a la mañana era que hiciste eso vos, boludo. Esta mañana fue.

- De tan perdido que estaba ni me acuerdo.

-Pero ¿vos le hincaste o no te acordás? Vos eras el que le hincaste, vos eras el que te tiraste de la moto porque ahí tenemos la filmación.

-Si, si, si. Me lo mostraron....

Este viernes el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes ordenó a la Fiscalía de Instrucción N°1 o Unidad Fiscal de Investigaciones concretas, investigar sobre el accionar y trabajo realizado por policías en el momento de la detención "Josele" 

En el fallo el STJ solicita un informe detallado sobre la situación, imputación y estado de la causa iniciada a partir de un oficio y en carácter de urgente. Es que en su oportunidad cuando fue detenido "Josele" había denunciado que fue torturado y golpeado para que se autoincriminara en un delito que no cometió. Incluso había trascendido una filmación dentro de una dependencia donde se veía al joven sentado, con golpes en el rostro y un efectivo policial que lo inducía a confesar la autoría del crimen.

Un error que costó nueve años de libertad y dos familias destruidas 

A Josele primero lo trasladaron a la Brigada de Investigaciones donde, en su declaración indagatoria, denunció que recibió abusos sexuales, golpizas y amenazas on el objetivo que se hiciera responsable del crimen.  El plan de la defensa era apelar e intentar esclarecer el caso para que Josele salga en libertad y finalmente logró. Pero durante 8 años estuvo en la Unidad Penal Nº6 en San Cayetano. 

Pocos asesinatos han conmovido tanto a la opinión pública de Corrientes como el crimen de Aquino. "Esto nos destrozó totalmente, estamos peor que antes por esto que pasó. Si se hizo todo mal las cosas es problema de la Justicia. En este momento es peor la desesperación", indicó a radiodos.com.ar el padre de Maxi, Adriano Aquino. "Me cuesta creer en la justicia correntina, está en deuda con nosotros" , agregó. 

"Cuando yo me enteré a través de un mensaje de mi abogado, me destrozaron el alma, el dolor es muy fuerte", expresó emocionada Marta, la mamá de Maxi.  "Todo lo que hizo, lo que se luchó, queda en la nada. No podemos a 9 años de la muerte de nuestro hijo decir que volvimos al mismo lugar, es poco ético", aseveró. 

"El asesino de mi hijo tiene que estar preso, la justicia y la policía tiene que cumplir como corresponde. Ahora tenemos que luchar por nuestros tres hijos que son un motor para seguir adelante", culminó

Josele estuvo preso desde el 3 de agosto de 2015 hasta el 23 de septiembre de 2023. Primero lo trasladaron a la Brigada de Investigaciones donde, en su declaración indagatoria, denunció que recibió abusos sexuales, golpizas y amenazas con el objetivo de que se hiciera responsable del crimen. 

Analía, madre de "Josele" Altamirano, desde la detención por el caso ratificó la inocencia de su hijo. "Es un perejil que está pagando por algo que no hizo", aseguró. 

El plan de la defensa fue apelar e intentar esclarecer el caso para que Josele salga en libertad y finalmente logró. Pero durante 8 años estuvo en la Unidad Penal Nº6 en San Cayetano.  Altamirano, alias "Josele", queda así deslindado definitivamente del crimen que sacudió a la sociedad correntina.

Esta desatención de los jueces correntinos sentenciantes con relación a los hechos denunciados por la defensa, recalca que estos deben velar por la legalidad de los procesos judiciales, garantizando que las sentencias no sean producto de procedimientos irregulares. 

 "Creo en la justicia divina, no en la de los hombres", sostuvo la madre de Maxi Aquino en 2016 tras el juicio. Altamirano, alias "Josele", queda así deslindado definitivamente del crimen que sacudió a Corrientes. Quizás, esto demuestre porque la Justicia se encuentra tan desacreditada en la sociedad.  Tal vez una justicia justa, basada en pruebas, pueda lograr que encuentren al verdadero asesino. 

FS