La Iglesia reclamó al Gobierno por la crisis de los cotolengos Don Orione
La Conferencia Episcopal Argentina advirtió sobre la situación "de extrema gravedad" que atraviesan instituciones que asisten a personas con discapacidad. El planteo toma especial relevancia en Corrientes, donde diario época visibilizó el presente del cotolengo de Itatí.
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) elevó un fuerte y directo pedido al Ministerio de Salud de la Nación ante la crisis que atraviesan numerosas instituciones dedicadas al cuidado de personas con discapacidad, entre ellas los cotolengos Don Orione cuya continuidad de sus actividades se encuentra en riesgo real e inmediato.
En una carta firmada por sus principales autoridades, el Episcopado expresó "respeto y preocupación" por el cuadro actual, al que calificó como de "extrema gravedad". Según detallaron, el origen del problema radica en el retraso y la insuficiencia de los aportes estatales, una situación que arrastra meses sin regularización y que ya impacta de lleno en el funcionamiento cotidiano de estos espacios.
"El déficit compromete aspectos esenciales de la atención, como la alimentación, los medicamentos y el pago de los salarios", señalaron. Se trata de instituciones donde, además, residen personas que requieren asistencia integral permanente para tareas básicas como alimentarse, higienizarse o movilizarse.
En ese marco, la Iglesia puso el foco en los cotolengos Don Orione, una obra histórica con fuerte arraigo social en el país, que hoy asiste a unas 1.200 personas con discapacidad. "La continuidad del cuidado se encuentra en riesgo real e inmediato", alertaron, al tiempo que remarcaron que la problemática no es aislada sino que atraviesa a gran parte del sistema.
El reclamo no es nuevo. Ya en mayo del año pasado, el Episcopado había advertido que "las personas con discapacidad no pueden esperar". Sin embargo, lejos de resolverse, la situación se agravó. Según indicaron, los compromisos de organismos nacionales no se actualizan desde finales de 2025, mientras que los costos operativos salarios, insumos, servicios continúan en alza.
Las consecuencias de este desfasaje ya son visibles: endeudamiento creciente, riesgo de cierre de hogares, imposibilidad de admitir nuevos residentes y un progresivo deterioro en la calidad de los servicios. En algunos casos, incluso, se pone en jaque la continuidad misma de las prestaciones.
El caso Corrientes, en primera línea
El planteo de la Iglesia cobra especial relevancia en Corrientes. Días atrás, diario época dio cuenta de la delicada situación que atraviesa el Pequeño Cotolengo Don Orione que funciona en la localidad de Itatí, anticipando un escenario que ahora se replica a nivel nacional.
En la cobertura de este medio se expuso cómo la falta de actualización en los ingresos y el incremento sostenido de los costos colocaron a la institución en una situación límite, con dificultades para sostener el funcionamiento diario y garantizar la atención adecuada a sus residentes.
Este contexto local funciona hoy como un reflejo concreto de la crisis estructural que denuncia el Episcopado: instituciones que cumplen un rol esencial, muchas veces invisibilizado, pero que dependen en gran medida del acompañamiento estatal para subsistir.
Un reclamo por ley y por humanidad
En su mensaje, la Conferencia Episcopal Argentina pidió explícitamente el cumplimiento de la Ley 24.901, que establece el sistema de prestaciones básicas para las personas con discapacidad. Consideraron que se trata de una obligación indelegable del Estado y de un pilar fundamental para garantizar derechos. Además, destacaron que estas instituciones muchas surgidas del compromiso de comunidades religiosas y civiles constituyen "un verdadero patrimonio social" del país, al sostener una tarea silenciosa basada en el cuidado de los más vulnerables.
"La discapacidad no puede quedar expuesta a recortes ni a disputas administrativas o coyunturales", remarcaron, en uno de los pasajes más contundentes del documento.
Finalmente, solicitaron una "respuesta concreta, visible y urgente" que permita dar previsibilidad y estabilidad al sector. El pedido no sólo apunta a resolver una cuestión financiera, sino a evitar un impacto directo sobre cientos de personas que dependen de estos espacios para su vida cotidiana. Mientras tanto, la incertidumbre crece. Y tanto en Corrientes como en el resto del país, instituciones clave del entramado social siguen sosteniendo su labor al límite, a la espera de una definición que, según advierten, ya no puede demorarse.
Fuente: diarioepoca.com.ar