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Referentes de género insisten con aplicación de normativas vigentes y mayor presupuesto

Se anunciaron medidas a nivel nacional, y desde organizaciones feministas piden que se cumpla con la Ley Micaela y la Ley Brisa. Reiteran pedido de “emergencia nacional”. 

 

 
Desde el Gobierno nacional dieron a conocer ayer medidas para combatir la violencia de género y entre los anuncios se destaca la presentación de un proyecto de ley para habilitar a familiares y amigos de la víctima a hacer la denuncia. Entre otros reparos, referentes de organizaciones feministas de la provincia expresaron que “demuestra desconocimiento sobre las leyes vigentes”. 
Hace 10 años puede denunciar otra persona que no sea precisamente la víctima, según la ley 26.485. En la página del Poder Judicial de la Provincia se indica, por ejemplo, que “cualquier persona cuenta con distintas alternativas para denunciar casos que esté sufriendo o conozca y merezcan ser puestos en conocimiento de las autoridades competentes, sea en forma personal o telefónicamente” y difunde varios números de teléfono. 
Cabe recordar que familiares de Elizabeth Verón fueron de los primeros que expusieron esta necesidad en el año 2013, cuando quisieron hacer la denuncia y desde la Policía les dijeron que debía hacerla la víctima, cuando Eli estaba inconsciente y peleando por su vida en el Hospital Escuela. 
La Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres establece que las denuncias podrán ser efectuadas: por la mujer que se considere afectada o su representante legal sin restricción alguna; la niña o la adolescente directamente o través de sus representantes legales de acuerdo a lo establecido en la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; cualquier persona cuando la afectada tenga discapacidad o que por su condición física o psíquica no pudiese formularla; en los casos de violencia sexual, la mujer que la haya padecido es la única legitimada para hacer la denuncia. 
Cuando la misma fuere efectuada por un tercero, se citará a la mujer para que la ratifique o rectifique en 24 horas. La autoridad judicial competente tomará los recaudos necesarios para evitar que la causa tome estado público. 
La denuncia penal será obligatoria para toda persona que se desempeñe laboralmente en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, en el ámbito público o privado, que con motivo o en ocasión de sus tareas tomaren conocimiento de que una mujer padece violencia, siempre que los hechos pudieran constituir un delito.
Este fue el punto más criticado, aunque los demás también fueron cuestionados por las organizaciones de género, que sostuvieron que “este Gobierno no dispuso los recursos necesarios para combatir este flagelo y hoy lo usa para campaña”.
“Muestra una gran desconsideración y desconocimiento de las leyes vigentes, como la 26.485 y la Ley Micaela. Con esto nos damos cuenta de que estos anuncios son con fines electorales. Una mujer muere cada 32 horas en la Argentina y esto se está utilizando para hacer campaña. Nos sentimos usadas por este Gobierno machista y patriarcal”, sostuvo Mónica Baglieto de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala), que conforma la Multisectorial de la Mujer.
Por su parte, Soledad Ross, del Colectivo de Mujeres, opinó: “Durante su mandato demostró no estar en contra de la violencia de género, desde que comenzó el recorte del Estado no sólo con el Consejo Nacional, también con la Salud. Se necesita que destinen más recursos para implementar políticas de género. Presenta un desconocimiento respecto a la ley 26.485. En Corrientes tenemos un protocolo de actuación policial que no se aplica por falta de recursos”. 
“Lo mismo ocurre con la Ley Micaela y la Ley Brisa, hay casos que te enterás que no se animan a realizar la denuncia por miedo a lo que les pueda pasar después. Lo que hacemos desde las organizaciones es dar contención y acompañar a las víctimas. Necesitamos que se aplique la orden de exclusión del hogar y que la perimetral se cumpla”, dijo Ross a este diario. 
Respecto a este último punto cabe recordar que se cumple un mes de que, junto con el ministro de Justicia de la Nación Germán Garavano, se haya anunciado la aplicación de dispositivos para controlar el cumplimiento de la perimetral en casos de violencia de género. Al respecto, el ministro de Justicia de la Provincia, Buenaventura Duarte, dijo a El Litoral en una nota anterior que están avanzando en el tema. 
En este marco, Mumala pide “emergencia en violencia de género con su respectiva partida presupuestaria y el cumplimiento urgente de las legislaciones nacionales (incluida la Ley Micaela) e internacionales vigentes hacia la prevención, asistencia, sanción y hacia la erradicación de las violencias de género”.

 

 

Fuente: Ellitoral.com.ar