Se anunciaron medidas a nivel nacional, y desde organizaciones feministas piden que se cumpla con la Ley Micaela y la Ley Brisa. Reiteran pedido de “emergencia nacional”.
La normativa, reglamentada en octubre de 2018, otorgaba a los hijos de mujeres asesinadas en violencia de género una reparación económica mensual equivalente a una jubilación mínima.
El Juzgado de Familia con competencia en Menores de Goya otorgó una reparación económica al hijo de Sandra Romina Bordón, víctima de femicidio el 21 de enero pasado en San Isidro. Los abuelos maternos obtuvieron la guarda judicial.
Es para percibir la reparación económica que estipula la Ley Brisa para hijos de las víctimas de femicidio. El abuelo de la pequeña, quien se hizo cargo de ella, se niega a realizar el cambio en la identidad de su nieta.
